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Como ciudadanos, cuando acudimos a las autoridades para denunciar un acto de corrupción, esperamos que al menos alguien se tome el tiempo de escucharnos. Sin embargo, ¿qué pensaríamos si al llegar a una Fiscalía Anticorrupción nos enteramos que cada agente del Ministerio Público tiene más de 100 investigaciones a su cargo o que solo existen dos policías de investigación? ¿Cómo cambiaría esto nuestras expectativas frente a la resolución del caso?
Este es solo uno de muchos hallazgos que el IMCO y TOJIL detallaron en el último reporte presentado sobre las Fiscalías Anticorrupción, el cual profundiza en las condiciones de estas instituciones a través del análisis del marco jurídico, los recursos, el capital humano, los procesos y resultados.
Para combatir la corrupción no son suficientes las buenas intenciones. Se requiere presupuesto, y sobre todo, instituciones fortalecidas. Actualmente, todavía hay dos estados, Baja California y Baja California Sur, que no cuentan con una Fiscalía Anticorrupción constituida. Además, las que ya operan no tienen capacidades suficientes para funcionar de forma eficiente. ¿Cómo podemos esperar resultados en el combate a la corrupción a nivel estatal si las instituciones encargadas de generar acciones no existen o funcionan a medias?
Cuando el nombramiento del titular depende del fiscal general, existen riesgos como la influencia política o de intereses particulares en el desarrollo de las investigaciones. Esto significa que la imparcialidad de las acciones y estrategias institucionales puede verse comprometida. Sin embargo, en 11 estados el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción depende aún de la Fiscalía General.
La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.
Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.
No todo son malas noticias: en el eje de procesos se observan avances importantes. Algunos ejemplos son la existencia de canales para recibir denuncias anónimas en todas las entidades federativas -a excepción de una-, la firma de convenios de colaboración que 16 Fiscalías han celebrado para llevar a cabo mejores investigaciones, y el reconocimiento de carácter de víctima a los ciudadanos que presentan denuncias por hechos de corrupción en 21 estados.
Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.
Publicado en Animal Político.
