Fiscalía de Morelos investiga al Poder Judicial por interferir a favor de delincuentes y ex funcionarios

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGJEM) investiga las presiones políticas en el Poder Judicial para liberar o resolver en favor de personas y exservidores públicos acusados de cometer delitos.

El pasado 20 de junio el ahora magistrado en retiro Carlos Arenas denunció públicamente que fue presionado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, para favorecer a Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”, acusado de dos homicidios y un feminicidio, posteriormente fue liberado luego de que una juez de control decidió no vincularlo a proceso.

Por lo cual, la fiscalía apeló y el recurso fue enviado a la Segunda Sala del tribunal, donde el 3 de julio pasado el magistrado Arenas dio a conocer a sus compañeros que desde su punto de vista existen elementos suficientes para vincular a proceso.

Arenas contaba con servicio de escoltas por otro asunto que denunció en 2019 y por el que recibió amenazas.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, el ahora magistrado en retiro relató que la audiencia de apelación del “Diablo” estaba programada para el 4 de julio pasado, pero que un día antes sus escoltas le fueron retirados sin mayor explicación.

De acuerdo con la denuncia, el día de la audiencia del “Diablo”, misma que se difirió para el 12 de julio siguiente, Gamboa Olea pidió a Arenas que modificara su voto en el caso del “Diablo” bajo el argumento de que el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el almirante en retiro José Antonio Ortiz Guarneros, le pidió apoyarlo en ese tema que calificó de “complicado” y que fue abordado durante una de las mesas de Construcción para la Paz y Seguridad de Morelos.

En dichas mesas únicamente participan el titular del Ejecutivo local, Cuauhtémoc Blanco; el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo; el comisionado Ortiz Guarneros y la FGJEM. El presidente del tribunal únicamente acude como invitado, no como participante activo de dichas mesas, pues se refieren únicamente a prevención del delito, no a impartición de justicia.

Un día antes de la nueva fecha de audiencia, Arenas recibió otra llamada inesperada, esta vez era Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco quien le pidió que “resolviera conforme a derecho” en el caso del “Diablo”, en lo que el magistrado considera otra forma de presión, esta vez de personas allegadas al Ejecutivo local. Esa diligencia también se difirió para agosto.

Carlos Arenas concluyó su cargo como magistrado del tribunal local el pasado 19 de julio y se desconoce quién llegará en su lugar para votar en la audiencia de apelación en la que se resuelva el caso del “Diablo”.

Arenas dio a conocer que no es la primera vez que el presidente del tribunal local intenta “marcarle línea” para resolver en determinado sentido en un asunto.

Conforme a su denuncia, el magistrado presidente Gamboa le pidió favorecer al exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obras Públicas, Sergio Beltrán Toto, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos junto con otros exfuncionarios de ocasionar daño patrimonial a la entidad durante la administración de Graco Ramírez, al adjudicar directamente un contrato por más de 90 millones de pesos, pese a que la legislación local establece que en contrataciones de más de dos millones de pesos las dependencias deben realizar licitaciones.

Además, Beltrán Toto fue señalado por legisladores locales de recolectar dinero público de obras de Morelos para la campaña del excandidato a la gubernatura Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro de Graco Ramírez.

Luego de que la juez Trejo Reséndiz liberó a “El Diablo” el Ministerio Público federal del caso la denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que hubo irregularidades en su resolución.

Los señalamientos de Arenas contra el magistrado presidente del tribunal forman parte de las líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción contra la juez Trejo Reséndiz.

Salazar confirma que en esta investigación la fiscalía estatal solicitó los informes de las llamadas realizadas entre el hermano de Blanco Bravo y el magistrado Arenas, así como el historial de las llamadas de la juez Trejo para verificar si también ella fue presionada para liberar al “Diablo”.

Con información de Proceso