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Para la compra consolidada de medicamentos de 2019, las Secretarías de Salud y Hacienda establecieron un acuerdo de asesoría técnica en licitaciones con la UNOPS que costó 10.8 millones de pesos y cuyas recomendaciones no se aplicaron, reportó un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Gobierno federal no atendió la recomendación del organismo desconcentrado de la ONU, de no marginar a los distribuidores de fármacos a quienes se les excluyó de esa labor tras la reforma en la adquisición de medicinas e insumos realizada en la actual Administración.
“La compra consolidada estaba encaminada a los Titulares que cuenten con Registros Sanitarios de los bienes terapéuticos con el fin de lograr precios más competitivos; sin embargo, la UNOPS señaló que aplicar el criterio de titularidad de los Registros Sanitarios se considera un factor de riesgo, ya que se restringe la participación de proveedores históricos en este tipo de procesos (distribuidores)”, según el informe.
Al excluir a los distribuidores, el Gobierno federal asumió la tarea sin tener una red de reparto propia.
El Diario REFORMA publicó recientemente que, de acuerdo con Héctor Arreola-Ornelas, miembro de la Fundación Mexicana para la Salud, el Gobierno federal ya hizo las compras de morfina, por medio de la UNOPS, pero el medicamento controlado está embodegado debido a que Birmex, empresa paraestatal encargada de distribuir lo adquirido, no ha podido trasladar el fármaco a hospitales del País porque está enfocada en el reparto de la vacuna contra Covid-19.
El propósito del acuerdo con la UNOPS, establecido del 16 de mayo al 16 de julio de 2019, fue brindar asistencia técnica en la modalidad de asesoramiento en licitaciones en el procedimiento de compra consolidada de medicamentos y material de curación.
De acuerdo con Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico (Inefam), el pago de esta asesoría a la UNOPS era innecesario debido a que esta labor la realizaban antes funcionarios, quienes contaban con experiencia y no implicaba un gasto extra.
Por otra parte, la auditoría registró además deficiencias y violaciones a la ley en el diseño del acuerdo.
La investigación de la ASF develó que se realizó un tercer pago por 540 mil pesos por el informe final de la UNOPS sin que se verificara que éste contara con el resumen de actividades de asistencia técnica en el proceso de licitación pública; el análisis de precios para medicamentos y material de curación representativos del 70 por ciento del gasto en cada categoría y contenidos de la actividad de fortalecimiento de capacidades técnicas.
Por otro lado, tampoco se acreditó que antes de formalizar el acuerdo con UNOPS existiera el dictamen de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dio origen a la contratación, ni con la suficiencia presupuestaria por parte de la Secretaría de Salud para cubrir este compromiso.
La falta de estos procedimientos representó el incumplimiento de leyes como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la de Adquisiciones, la de Responsabilidades Administrativas y el propio Acuerdo.
FUENTE: REFORMA.COM
