A unos días de que se discuta el Paquete Económico 2022, ronda el temor de que se desmantele el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) y no se busque la manera de fortalecerlo para atender las enfermedades que generan gastos catastróficos y que es el fin que le dio origen.
La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF 2022) planea, de nueva cuenta, disponer de remanentes del Fondo, que se usarán –de acuerdo con el artículo décimo cuarto– para la adquisición de las vacunas, la atención del COVID-19 y el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud.
Andrés Castañeda Prado, coordinador del colectivo Cero Desabasto, señala que no se está viendo cuál es la estrategia para fortalecer el sector y al mismo tiempo garantizar que las personas que sufren de estos padecimientos que son “catastróficos” no solo para quienes los tienen, sino para sus familias y el país en general.
“Hay que fortalecernos; el sector se tiene que fortalecer pero no a expensas de la seguridad de todas estas personas (…) literalmente se desdibujó la estrategia (del Fondo) y no se propuso una alternativa o la alternativa que se propuso deja mucho que dejar, no es clara, no resuelve”, dice en entrevista.
En dos años, por ley, se ha ordenado disponer de hasta 73,000 millones de pesos del Fonsabi para financiar al Insabi, la pandemia y otras acciones de salud. En total, ha tenido una reducción real de 44% de sus recursos entre 2019 y 2021.
Para el próximo año se prevé un aumento de 27.6% para el sector salud, sin embargo, especialistas consideran que estos recursos provienen precisamente del Fonsabi, por lo que no es aumento como tal.
El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que sería “desastroso” que se tomarán los 66,000 millones de pesos que hasta el segundo trimestre tenía el Fondo, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda, para usarse como “caja chica” del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
“En el paquete económico de 2022 el gobierno federal presume un incremento de gasto para la Secretaría de Salud en 27.6%, en términos reales, sin embargo, sería un grave retroceso si para alcanzar esta cifra se compromete el patrimonio del país a futuro y nos quedamos sin recursos para atender a la población sin seguridad social”, señaló en un comunicado.
Si bien desde la reforma de 2019 que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se planteó que cuando el Fondo acumule recursos específicos en la ley, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar, lo que será discutido próximamente dejaría en indefensión a quienes padecen alguna de las 66 enfermedades de alto costo como algunos tipos de cáncer, trasplantes, el VIH, malformaciones congénitas, entre otras.
Esto pese a que la reforma sostiene que los recursos acumulados en el Fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos.
Así también lo considera, Judith Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La investigadora explica que desde que se creó el Insabi había quedado entendido que la Secretaría de Salud podía tomar recursos de ese Fondo y tomando en cuenta que el aumento en el sector se estima en 105,000 mdp, es decir 27.6%, no se dudaría que provengan de ahí.
“No hubo una reforma fiscal sino una miscelánea enfocada en temas administrativos entonces no tienes medidas fiscales que te estén aumentando espacio fiscal en salud, aunque se haya incrementado casi 4 decimas del PIB (el presupuesto) tienen todavía una brecha de 3%”, expresa.
De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, no es viable pretender atender a más personas y a la par quitar parte de los recursos para financiar las enfermedades de alto costo dado que el Insabi amplió su cobertura a 68 millones de personas.
“Hay un riesgo importante de que esta disminución financiera se traduzca en el corto y mediano plazo en menos tratamientos y atenciones brindadas oportunamente a pacientes”, afirma.
La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen hasta el 20 y 31 de octubre, respectivamente, para analizar y aprobar la Ley de Ingresos para el próximo año, mientras que el Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados debe aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre.
Fuente: Expansión Política