Deja el Gobierno impune a factureras

 El Gobierno federal detectó falsas facturas entregadas por sus propios proveedores, pero las sanciones aplicadas han sido nulas.

La falta de coordinación entre dependencias, escasa preparación de funcionarios y menores auditorías profundas han provocado la baja detección y sanción por el uso de facturas falsas en el Gobierno, señalaron analistas.

De 2006 a 2021, sólo se reporta la sanción de 7 empresas por la entrega de facturas falsas al Gobierno federal y 11 por irregularidades con facturas, según la Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

Respecto al tamaño del problema detectado es una proporción baja: en 2018 la Auditoría Superior detectó una red de 34 empresas factureras con 316 vínculos con gobiernos estatales y municipales, dijo en ese año el entonces auditor Emilio Barriga Delgado.

En junio de 2020, el Presidente afirmó que daría a conocer una red de defraudación fiscal que operó en el sexenio anterior y que generó daños por 48 mil millones de pesos; no se hicieron públicos nombres de instituciones o particulares involucrados.

Son empresas que simulan operaciones y logran colocarse como proveedores del Gobierno con facturas falsas.

La principal debilidad para detectar y castigar facturas falsas es la falta de coordinación entre instituciones fiscalizadoras y preparación de funcionarios, dijo Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y de México Evalúa.

Sin embargo la plataforma del SESNA tiene datos de la Función Pública no se alimenta por instituciones como el SAT, la Procuraduría Fiscal, Fiscalía General de la República o Auditoría Superior, expone.

Esto limita que los funcionarios dedicados a contrataciones puedan verificar de forma fácil si un proveedor tiene irregularidades o si está en la lista negra del SAT, dijo.

Miguel Fuentes, fiscalista de Carbajal Bermúdez, expuso que también falta personal especializado en cada dependencia para identificar actos de corrupción y exceso de carga de trabajo, lo que limita la detección de fraudes.

Un factor adicional es la falta de profundidad y transparencia de la Auditoría, el ente con mayor capacidad para detectar la facturación falsa, señaló Fernández.

Los ilícitos graves en la administración pública se detectan por auditorías forenses de la ASF, pero éstas representaron 3 por ciento del total de la Cuenta Pública 2019, afirmó.

Se prevé que en el futuro inmediato el combate a la facturación falsa se debilite aún más por la ausencia de auditorías forenses en la Cuenta Pública 2020, dijo.

Por último, Fernández dijo que se desconoce el estatus de las facturas falsas que ha detectado la ASF.

FUENTE: REFORMA.COM