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Ello, derivado de una denuncia anónima enviada a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF, en la que se les acusa de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, “a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar”, para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables.
“En consecuencia, ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, indica el escrito.
“En el entendido que respecto de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados”, añade el texto de 15 cuartillas.
En respuesta, el exministro Arturo Zaldívar rechazó en una entrevista de radio que en su encargo hubiera presionado a jueces, como se señala, y acusó que esta investigación tiene una “intencionalidad política” para tratar de afectar a la llamada 4T.
“En ese caso, curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras con el único delito de que sus criterios en algunos casos fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador”, expresó Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Acusó que esto tiene una intencionalidad política: “Una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar… hay un principio básico que estas quejas deben tratarse con sigilo y secrecía y se publicitaron y se mandaron a todos los medios desde la presidencia de la Corte… es claramente que la intención es participar en la contienda electoral”, acusó.
Al mismo Alpízar Salazar, en su actuación como Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se le acusa de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.
Sobre el caso de enriquecimiento ilícito, se establece que “se puso a las órdenes del exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal Julio Sherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.
Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, es acusado de delincuencia organizada institucional (corrupción).
Lo anterior, dado que se utilizaba a dicho Instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran “infundían terror”.
“Presionaron a las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores”, indica la indagatoria.
A Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, se le acusa de corrupción, pues se “presionaba” a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses.
Además, “creó una unidad de peritos adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, el costo era elevado y su participación en procedimientos era nula”.
La investigación también incluye a jueces y magistrados “que aceptaron la presión ejercida por el ex ministro Arturo Zaldívar”.
Entre ellos, el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
Lo anterior, porque “dictaba sus resoluciones en favor de los intereses del ejecutivo federal, uno de ellos fue el de Rosario Robles, a quien impuso una prisión preventiva justificada sin tener facultades pues su función era como juez administrador del Centro, por lo que sus funciones eran administrativas no jurisdiccionales, se señala que todo fue con complicidad de la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal”.
“Hecha la precisión, con fundamento en el marco normativo de referencia, se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas.
“Y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”, puntualiza la indagatoria.
-Con información de Expansión Política
