Accesar la justicia a todos los rincones del país, además de darle certeza jurídica a los mexicanos, es lo que buscan las reformas en la materia presentadas por el Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Unión.
Así lo manifestó el legislador federal por Querétaro, Dr. Braulio Guerra Urbiola, quien además expuso en su intervención en tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, las razones fundamentales de los cambios en materia de justicia civil.
Al respecto expresó que se buscó en los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentar las iniciativas, el conjunto de proyectos que envió el Poder Ejecutivo, entorno a la homologación de criterios en materia de justicia en nuestro país.
Dijo en tribuna que se se plantean reformas a los artículos 25 y 73 de nuestra Carta Magna y que el primer elemento que se busca reformar, tiene que ver con los aspectos económicos en materia de mejorar la reforma regulatoria.
“A pesar de que en diversas entidades federativas los gobiernos de los estados han modificado sus legislaciones para realizar un trámite o aperturar una empresa, busca esta reforma que nuestra Constitución, homologue los criterios en el país para que tengamos un solo lenguaje, un elemento que permita unificar que Estados y Ayuntamientos, tengan mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas, se tengan menores costos para la sociedad, y para las dependencias”.
Apuntó Braulio Guerra que en este mismo sentido, se plantea en el dictamen reformar el Artículo 73 para dotar de facultad al H. Congreso de la Unión, de legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.
“Estos mecanismos permiten que se asimile con mayor profundidad el sistema nacional de justicia en el país; sin embargo no existe la unidad de criterios y estándares mínimos aplicables a la certificación de mediadores y conciliadores.
“Actualmente 23 entidades federativas ya cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias; sin embargo, para que dichas leyes permitan un ejercicio eficaz y efectivo se requieren criterios de coordinación”, destacó.
Señaló que la justicia cívica e itinerante, debe ser el detonante del encuentro de la ciudadanía con los conflictos menores, que pueden ser resueltos por la autoridad de manera ágil y simplificada, por ello, “esta iniciativa pone más en el relieve la falta de criterios homogéneos en los diseños normativos en las entidades federativas, por lo que se pretende dotar de facultades al Congreso de la Unión, para emitir una Ley que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia en materia de justicia cívica, a fin de acercar la justicia a la vida diaria”.
Destacó Braulio Guerra que lo que tiene que ver con el tema de los registros civiles, es un tema que importa a las entidades federativas, toda vez que el estado civil de las personas de acuerdo al Artículo 124 de nuestra Constitución, está reservado para legislarse en materia local y estatal.
“No obstante a ello volvemos al punto de homologar y equilibrar un lenguaje que sea para todas y todos en el país en este tema; la identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Constitución.
“De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el CIDE, en México existe un alto índice de subregistro, así como de personas que no cuentan con documentos oficiales o con datos fidedignos, y esto dificulta al estado proteger de manera eficiente y de manera certera el derecho a la identidad de la población y garantizar así, todos los demás derechos que se encuentran consagrados en la Constitución”.
Braulio Guerra apuntó que la legislación que se expida deberá prever de acuerdo a este dictamen, al menos la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción con la estandarización de las actas de nacimiento a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la posibilidad de hacer trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones vía remota; el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad; mecanismos homologados de captura de datos, entr
e otras ventajas con la reforma.
Y finalizó: “Es un conjunto de iniciativas que tienen como centro la justicia en nuestro país, mejorarla, hacerla más eficiente y darles condiciones a los mexicanos y mexicanas, para que se sientan más seguros y para que encuentren en su causas y en sus anhelos, el derecho otorgado por los tribunales y por el Poder Judicial para encontrar salida pronta a sus problemas”.
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