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En un acto que vulnera los derechos laborales y pone en riesgo la estabilidad financiera del estado, el Gobierno de Veracruz ha implementado el cambio de toda la nómina estatal y del presupuesto del estado equivalente a más de 150 mil millones de pesos, a una sola institución bancaria, sin un proceso transparente de licitación ni justificación clara. Este movimiento, iniciado hace tres meses para los empleados del Gobierno del Estado, aún está pendiente de aplicarse en las nóminas de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), generando una fuerte oposición silenciosa por parte del sindicato de esta última, que rechaza la medida pero no la ha hecho pública.
La Ley de Portabilidad de Nómina garantiza a los trabajadores el derecho fundamental de elegir la institución bancaria donde recibir su salario. Sin embargo, esta imposición del cambio a un solo banco, ordenada por el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, a través del oficio No. 0832 del 19 de mayo de 2025, violenta este derecho, dejando en indefensión a miles de trabajadores veracruzanos. Además, el banco seleccionado ha demostrado carecer de la infraestructura suficiente para atender a los usuarios, lo que agrava la situación y genera caos en el acceso a los recursos laborales de los ciudadanos.
El manejo de los más de 150 mil millones de pesos del presupuesto estatal, que incluye 29 fondos clave como educación, salud y seguridad, en una sola institución bancaria representa un riesgo financiero sin precedentes, especialmente en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado a ciertos bancos por presuntos vínculos con lavado de dinero. Esta decisión, tomada sin un proceso de licitación o invitación pública, levanta serias sospechas sobre la transparencia y legalidad del proceso.
El secretario Reyes Hernández, originario de Puebla e impuesto por Manuel Bartlett tras colaborar con él en la CFE durante el sexenio pasado, ha sido señalado como operador clave en el caso del “huachi-diesel”. Este escándalo, ya documentado en medios, involucra el presunto desvío de más de 2,500 millones de dólares a través de un Fideicomiso Maestro de Inversión. Además, Reyes Hernández protagonizó una controversia al intentar justificar el apagón de 2021 en Nuevo León, enfrentándose públicamente al comunicador Brozo.
La instrucción de concentrar todo el presupuesto estatal en un solo banco, sin fundamento legal ni consulta, constituye un claro ejercicio indebido del poder por parte del secretario de Finanzas, lo que configura el delito de desvío de recursos al actuar más allá de sus facultades. Esta acción no solo pone en riesgo las finanzas públicas de Veracruz, sino que atenta contra la estabilidad y el bienestar de miles de trabajadores y sus familias.
-Con información de Capital Press
