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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atar de manos al gobierno de Morelos encabezado por Cuauhtémoc Blanco respecto al manejo del presupuesto y respaldó la decisión de la Legislatura local sobre cambiar la norma e impedir las transferencias libres entre rubros de parte del Ejecutivo, las cuales estarán sujetas a la aprobación del Legislativo.
La propuesta del gobierno del estado se basa en un presupuesto con la facultad de hacer transferencias a discreción en diversos rubros de acuerdo a las necesidades que considerara la autoridad. Al respecto, el Congreso del Estado presentó iniciativas de ley que fueron aprobadas para obligar al Ejecutivo a que estas transferencias requieran la aprobación de los legisladores y la SCJN decidió mantener firme esta reforma..
Cabe mencionar que en la Legislatura de Morelos se detectan dos bloques, uno aliado del gobernador, mismo que está integrado por cinco diputados y el otro bloque opositor que conforman 15 legisladores. Y con las reformas, las transferencias quedarán sujetas a una mayoría que le es adversa al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
El presupuesto de Morelos para este año es de un poco más de 34 mil millones de pesos. Según cálculos del Congreso local, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo hizo transferencias y libres reasignaciones al 50 por ciento del presupuesto local, unos 17 mil millones de pesos.
El Legislativo morelense hizo valer su facultad de aprobación del presupuesto y con ello obligar al Ejecutivo a que cualquier cambio se haga con su aprobación, pues de otra manera, esa facultad quedaba anulada ante la libertad del Ejecutivo de reorganizar el 50 por ciento de dicho presupuesto año con año.
Durante el primer año de ejercicio de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el presupuesto que presentó para ser aprobado a finales de 2018 fue del orden de los 20 mil millones de pesos. Sin embargo, al final del año, con los recursos extraordinarios y excedentes, su administración manejó recursos por más de 30 mil millones de pesos. Nunca quedó claro cómo se utilizaron esos 10 mil millones de pesos sobre los que sólo el Ejecutivo tuvo claro la decisión de ejercerlos.
Con información de Proceso
