UIF: no se investiga a Loret ni a Brozo pero sí a Latinus

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene ninguna investigación contra Carlos Loret de Mola ni Víctor Trujillo “Brozo”, porque ésta va dirigida directo al consorcio Latinus.

“De las actividades administrativas que llevan a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus”, aseguró el titular de la UIF, Pablo Gómez.

Aclaró que ellos y otras personas no son en sí el consorcio, “no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares”.

El consorcio fue denunciado el 20 de mayo de 2021, por actividades de lavado de dinero y vinculados a la corrupción.

“La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno, desde un principio, fue el respeto al artículo 7º de la Constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas, de todo tipo a través de cualquier medio”, dice.

Latinus, detalló, está integrado por cinco empresas: Latinus Media Group, constituida el 13 de enero del año 20. Su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama. También está Latinus Media Radio, S.A., Latinus Media Mx, S.A. de C.V.

Además, “existen otras dos empresas que son utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting, S.A de C.V. Estas empresas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas”.

A cambio, dijo, “se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama.

En las gráficas que mostró, se observa que el dinero “federal” se refiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial.

“El dinero de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud, de Estado de México, Michoacán e Hidalgo en los años que están ahí señalados”.

En el último año, añadió, hay cantidades significativas, de las que el Estado de México aportó más de 540 millones de pesos. En total, desde el año 2019 a 2024, son dos mil 437 millones de pesos.

Hay una tercera empresa de Latinus, establecida en Delaware, Estados Unidos.

“Delaware es algo así como la única zona de paraíso, paraíso fiscal financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los Estados Unidos, país que tiene sus paraísos, pero fuera, en medio del océano. El único que está dentro, territorialmente hablando, es de Delaware, entonces es un problema tener información”.

Aún así el gobierno mexicano ha obtenido información a través de inteligencia financiera de otros países y la han comprobado con las que les dan como inusuales los bancos mexicanos, con lo que “checa” dichos datos.

De la cuenta de Delaware, llamada Latinus Media Group, hay 17 millones, “lo comparan con los ingresos de los accionistas, pues ya se verá que ellos se quedan con la mayor parte del dinero, que viene de arcas públicas, pero no para la compra de servicios periodísticos, sino medicinas, servicios médicos, promoción de campañas, etcétera.

De ese dinero, con la triangulación de 117 millones “se ha movido entre las empresas del mismo dueño, y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto”.

Pablo Gómez responde a Loret

El titular de la UIF expresó la necesidad de responder directamente a Loret de Mola.

“Le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México, no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio, hacen de ella un negocio”.

Se trata del caso, aseguró, del consorcio Latinus que tiene recursos públicos, pero ilegales, porque no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas y de atención médica.

“Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero el gobierno no controla el Ministerio Público, así está ahora la Constitución, y qué bueno que así es, no estamos diciendo que esté mal. Claro que también los ministerios públicos tienen que tener una reforma porque cuando vino el cambio los que estaban ahí era los mismos, en su mayoría”.

-Con información de PROCESO