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Cuatro pobladores de Santa Rita de Tlahupan, Puebla, fueron ejecutados por agentes de la secretaría de la Marina en febrero de 2019. Las víctimas fueron acusadas de huachicoleros por las patrullas que vigilaban la zona, detenidos arbitrariamente y, posteriormente, asesinados. Sus cuerpos aparecieron días después, el 1 de marzo, en un predio cercano. A causa de estos hechos cuatro marinos fueron detenidos y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 37VG/2020, la primera por graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por integrantes de las Fuerzas Armadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Esta es una de las 1,742 quejas presentadas contra miembros de Fuerzas Armadas desde que el presidente tomó el poder el 1 de diciembre de 2018 hasta abril de 2021. Esto ofrece una media de casi dos quejas presentadas cada día desde que inició el sexenio, según datos de transparencia solicitados por Animal Político. En este cómputo se incluye a la Secretaría de la Defensa (Sedena), la secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, que nació con supuesta vocación civil pero que siempre ha tenido mandos y tropa militares, y que el presidente quiere oficializar el mando castrense con un cambio en la constitución.
En total, el Ejército es quien más quejas lleva acumuladas, con 914, por 487 la Guardia Nacional y 341 la Marina. Hay que tomar en cuenta que el conteo de la Guardia Nacional inicia en julio de 2019, el mes en el que se oficializó su despliegue después de su creación en marzo de ese mismo año.
Los motivos de las quejas son variados: detención arbitraria, uso arbitrario de la fuerza, privación de la vida o tratos inhumanos, crueles y degradantes. También por negligencias en el desarrollo de su función o prestar indebidamente el servicio público.
Por territorios, Jalisco, Tamaulipas, Chihuaha, Estado de México, Veracruz y Oaxaca son algunos de los estados con mayor registro de quejas contra las Fuerzas Armadas.
Este volumen de quejas no conllevó que se presentase un alto número de recomendaciones. De hecho, la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra hizo públicas únicamente tres: dos por violaciones graves y una por violación particular. La primera fue contra la Marina por las ejecuciones de Puebla en febrero de 2019 y la segunda está relacionada con unos hechos de una década atrás. Se trata de la recomendación VG38/2020 contra el Ejército por el secuestro y tortura en Ciudad Juárez, Chihuahua, de Óscar Kábata y Víctor Manuel Vaca Prieto. Este último, además, fue ejecutado por los soldados frente a su compañero. La Sedena no ha cumplido con la reparación del daño de las víctimas, por lo que Kábata mantiene un plantón al exterior de sus oficinas.
Por último, la recomendación 50/2020 señala a la Guardia Nacional por la represión sufrida por la caravana migrante entre los días 20 y 23 de enero de 2020 en la frontera de Chiapas con Guatemala. La CNDH censuró a la institución por “extralimitarse” en sus labores y agredir a las familias centroamericanas que trataban de cruzar el río Suchiate y organizar una marcha hasta la frontera con Estados Unidos.
La mayoría de quejas contra Sedena, Semar y Guardia Nacional se resolvieron por la vía de la orientación a las instituciones, sin formalizar una recomendación.
López Obrador ha insistido en que durante su administración las Fuerzas Armadas ya no violan los Derechos Humanos. “Desde que estamos aquí, y por convicción de años, nunca hemos dado instrucciones que se reprima a nadie, ni lo vamos a hacer, y además el Ejército tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo están cumpliendo”, dijo el pasado mes de mayo, cuando fue cuestionado por la ejecución extrajudicial de Damián Tercero, ocurrida en Nuevo Laredo cuando los soldados asesinaron a tres civiles que estaban secuestrados en una camioneta.
Sin embargo, estas cifras contradicen las buenas intenciones del presidente y ponen de relieve que las Fuerzas Armadas continúan violando los derechos humanos.
Fuente: Animal Político
