Mientras la Cámara de Diputados avanza en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, más actores políticos se sumaron este miércoles a los sectores inconformes con los recortes y ajustes que plantea el dictamen, impulsado por Morena y sus aliados PT y PVEM.
A lo largo de la jornada, las alcaldías de partidos de oposición y el Poder Judicial de la Federación se unieron a los reclamos. Por la mañana, alrededor de 300 alcaldesas y alcaldes acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir más recursos para sus localidades. Por la tarde, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que el monto previsto pone en riesgo la aplicación de la reforma de justicia laboral.
Estas inconformidades se dan a conocer mientras los diputados se preparan para una larga discusión en lo particular.
Después de que el dictamen del PEF fue aprobado en lo general la noche de este miércoles, se prevé que casi 2,000 reservas se discutan entre el jueves y el domingo, aunque los legisladores podrían extenderse hasta el lunes 15 de noviembre, es decir, el plazo límite.
En la sesión, la oposición pidió menos dinero para las obras estrella del gobierno federal y más para los órganos autónomos, pero se topó con el rechazo del bloque morenista.
“Votemos en contra todas y cada una de las propuestas de los neoliberales… Si los dejamos vivos, irán en contra de México”, acusó Benjamín Robles, diputado de la bancada del PT.
El INE abre los reclamos
Las molestias con el dictamen comenzaron luego de que el lunes se dio a conocer el proyecto de dictamen que al día siguiente votó y aprobó la Comisión de Presupuesto de San Lázaro. La sesión duró alrededor de seis horas y estuvo marcada por intercambios de acusaciones entre MORENA y la oposición.
El documento contempla recortes por 8,000 millones de pesos, entre los que destaca uno de 4,900 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). El organismo pidió a la Cámara 18,827 millones de pesos para 2022, incluyendo 3,830 millones de pesos para el eventual ejercicio de revocación de mandato previsto para el próximo año.
Los legisladores del bloque encabezado por Morena —que es mayoría en San Lázaro— afirman que el INE debe ejercer el dinero público con mayor austeridad y eficacia. Sin embargo, los consejeros advierten que la disminución presupuestal que se busca hacer pone en riesgo el ejercicio de revocación, que ha sido impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, insistió en ese punto este miércoles. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, dijo que un recorte al órgano pone en riesgo el ejercicio de revocación, cuya fecha se pasó del 27 de marzo al 10 de abril.
“Hoy lo reitero con toda claridad y firmeza: un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato”, advirtió.
También sobre el tema hablaron el consejero Ciro Murayama y el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. Ambos expresaron su preocupación por un posible recorte al órgano e hicieron votos para que los legisladores den marcha atrás a su propuesta de recorte.
Murayama lamentó que los legisladores no tengan claro que el ejercicio de revocación de mandato es similar a realizar una elección presidencial.
“Espero que quepa la responsabilidad (…) que en las próximas horas se pueda rectificar y que solo quede como una amenaza que se borró, como una nube negra que el viento se llevó, y que podamos tener los recursos para poder garantizar este ejercicio”, dijo.
“Es muy preocupante que ayer (martes), en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se haya aprobado un dictamen que recorta 4,913 millones de pesos, casi 5,000 millones de pesos al proyecto de recursos que el INE presentó en tiempo y forma”, resaltó a su vez Jacobo Molina.
Los alcaldes exigen más recursos
Por la mañana, cerca de 300 alcaldes de la oposición acudieron a la Cámara y exigieron mayores recursos para 2022. Una de sus demandas concretas fue un fondo extra por 13,714 millones de pesos para fortalecer la seguridad pública y poder invertir en infraestructura de agua potable, alcantarillado, drenaje y mejoramiento de escuelas.
Ante medios, argumentaron que es necesario restablecer el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), pues, a su juicio, su eliminación ha impedido la profesionalización de las policías municipales, una tarea para la cual exigieron una bolsa de 10,000 millones de pesos.
El grupo de alcaldes acudió al recinto legislativo mientras arrancaba la discusión del dictamen del PEF en lo general. Los funcionarios se reunieron con los líderes parlamentarios de PAN, PRI y PRD —Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente—, con el fin de exponer sus planteamientos y que estos sean llevados al pleno.
A decir de los alcaldes, cada localidad tiene necesidades específicas para las que necesitan recursos, y muchas incluso están en riesgo de caer en situación de quiebra operacional.
La Corte advierte de impacto en reforma judicial
Por la tarde, otro actor que se sumó a los reclamos fue el Poder Judicial, en voz del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
En una conferencia de prensa, Zaldívar dijo que la decisión de no asignar al Poder Judicial los 3,000 millones de pesos adicionales que solicitó, si bien no afecta la operación de juzgados, tribunales y otras instancias en su conjunto, sí pone en riesgo la aplicación de la reciente reforma de justicia laboral.
“(Con lo planteado) se pone en riesgo el cumplimiento de la reforma de justicia laboral, que no es un proyecto de nosotros, sino del Estado mexicano”, señaló el ministro.
La más reciente reforma judicial fue aprobada por el Congreso para que México esté en línea con Estados Unidos y Canadá, sus socios comerciales en el T-MEC.
Ante ello, el ministro dijo que hace “una exhortación respetuosa” a que la Cámara dé recursos para este tema al Poder Judicial. Sin embargo, señaló que si esto no ocurre desde ese poder sus integrantes respetarán la decisión y se ajustarán al presupuesto que se les asigne.
Fuente: Expansión Política
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