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El actual gobierno federal en México ha gastado al menos mil 700 millones de pesos, entre 2019 y 2022, en remodelar grandes estadios de beisbol y construir pequeños campos en unidades deportivas de al menos 11 estados del país.
El dinero para fortalecer al deporte predilecto del presidente de México ha salido del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) que administra la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu). Un fondo que lanzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019 para reducir el rezago urbano y social de municipios vulnerables del país.
Parte importante de estos recursos han servido para edificar estadios que benefician a equipos profesionales de las ligas mexicanas de beisbol. Otro tanto se ha dirigido a proyectos beisbolísticos en zonas donde hay otras necesidades claras como pavimentación, drenaje, redes de agua potable, centros de salud, escuelas, entre otros. En lugares como Chalco, Estado de México, el beisbol ni siquiera es popular entre los habitantes.
Por si fuera poco, los contratos entregados a precio alzado y por tiempo determinado no se han cumplido. En 15 de 26 municipios las obras han tardado entre 5 y 21 meses en entregarse. En varios casos, como en los estadios desarrollados en Jalpa de Méndez y Cunduacán en Tabasco, las construcciones, además, han presentado deficiencias: materiales no adecuados para el clima, falta de nivelación de suelo, gradas y techos que se caen.
Para conocer las entrañas del uso del PMU para el desarrollo de proyectos beisbolísticos se utilizó el derecho al acceso a la información pública establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se ingresaron alrededor de 100 solicitudes de información dirigidas a la dependencia federal y a los municipios beneficiados. Se obtuvieron contratos, listados de pagos, oficios de solicitud y actas entrega-recepción de las obras. En algunos casos, la información fue obtenida tras ingresar recursos de revisión por la falta de respuesta o la declaración de inexistencia de la información por parte de los sujetos obligados a nivel federal y estatal.
Las respuestas obtenidas vía transparencia dan cuenta de la falta de documentación que justifique cómo estas obras ayudan a reducir el rezago urbano y social de los municipios en los que fueron constituidos, cómo benefician a comunidades indígenas, promueven la igualdad y disminuyen la violencia —criterios establecidos en el Programa—. La Sedatu rechazó emitir comentarios.
Con información de El Universal
