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Cinco exfuncionarios imputados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de varios cargos, entre ellos homicidio, por el accidente de la Línea 12 del Metro, solicitaron formalmente al Ministerio Público acceder a un mecanismo alterno de solución de conflictos que les permita reparar el daño y con ello frenar un eventual proceso y juicio.

En un oficio recibido por la Fiscalía el pasado 21 de octubre, y al que Animal Político tuvo acceso, los ingenieros señalados – entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas– piden que se les conceda la posibilidad de una salida alterna como ya ocurrió con la empresa constructora de la línea (CICSA) cuyas fallas, según la indagatoria, fueron las responsables primarias de lo ocurrido.

“Como se ha dado a conocer a la opinión pública la persona moral denominada Carso infraestructura y Construcción (CICSA), la cual tiene carácter de imputada en la presente carpeta de investigación ha celebrado un acuerdo reparatorio (…) así las cosas, venimos a manifestar nuestra voluntad de participar en este mecanismo alterno de solución de controversias”, indica el oficio.

El mecanismo alterno de solución de conflictos (MASC) es una figura que la Constitución contempla y que permite negociar con las víctimas, a través de un facilitador o intermediario, un acuerdo sin necesidad de llegar al juicio. No requiere reconocimiento de culpa por parte de los acusados.

Los cinco exfuncionarios que buscan acceder a este mecanismo son Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector del Diseño de Obras Civiles del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Carlos Román Alvarado, expresidente de Obra; y Enrique Baker Díaz, exsubdirector de estructuras o ingeniería.

Todos ellos, junto con otros cinco exfuncionarios, han sido citados por un juez para comparecer hoy a una audiencia en la que la Fiscalía de Ciudad de México solicitará que sean vinculados a proceso por homicidio culposo, lesiones culposas, y daños a la propiedad.

Lo que Horcasitas y los otros implicados piden en el oficio recibido formalmente por la Fiscalía es que se de inicio al mecanismo alterno para solucionar esta controversia que, en los hechos, permitirá agilizar la reparación del daño en favor de las víctimas del trágico accidente ocurrido el pasado 3 de mayo, y que dejó un saldo de 26 personas muertas y más de 80 lesionadas.

Los exfuncionarios citan como contexto el acuerdo que ya se pactó con la empresa de Carlos Slim responsable del tramo colapsado, y solicitan que se les permita la misma oportunidad en su procedimiento. “Esto sin prejuzgar cualquier cuestión de culpabilidad sobre nuestra persona, dado que no es requisito la aceptación de la misma”, advierten en el oficio.

A diferencia de otras figuras como el llamado procedimiento abreviado, los MASC en efecto no requiere ninguna autodeclaración de culpabilidad ni sentencia condenatoria. Su objetivo, de acuerdo con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de solución de Controversias, es encontrar salidas mucho mas rápidas a un conflicto fuera de los tiempos y formalismos de un proceso judicial.

La negociación, en este caso, se lleva a cabo directamente entre víctimas e imputados con la intervención de un facilitador. De alcanzarse un arreglo, tanto el Ministerio Público como el juez podrán autorizarlo y, con ello, se daría por cerrada la denuncia o proceso en contra de los que participaron en el acuerdo.

De acuerdo con documentos ministeriales a los que este medio tuvo acceso, la investigación de la Fiscalía sobre el accidente en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro concluyó que la causa primaria del desplome fueron los errores y omisiones en que incurrieron los constructores de dicha obra. Dicha construcción estuvo a cargo de la empresa CICSA.

Así quedo asentado en el oficio de conclusiones del dictamen pericial sobre el percance, y que forma parte de las carpetas de investigación CI-FICUH/STCMP/UI-3C/D/00045/05-2021 y su acumulada CI-FITLH/UAT-TLH-1/UI-1S/D/00631/05-2021.

En el documento, del que este medio tiene copia, se advierte que los constructores de la obra cayeron en inobservancias de disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el reglamento de la misma, las Normas de Construcción del Distrito Federal, ente otros.

Lo anterior ya que, según los estudios periciales practicados, solo se colocaron el 63 por ciento de los pernos que estaban contemplados en el tramo siniestrado, situación que impedía estos tuvieran la capacidad estipulada en las normas para trabar como “una sección compuesta”.

A ello se suma que las soldaduras que se llevaron a cabo en el taller de construcción y en el campo por parte de los responsables no cumplían con las dimensiones mínimas establecidas en los protocolos, situación que también contribuyó a la vulnerabilidad del tramo siniestrado.

Pese a dichas conclusiones, la Fiscalía no procedió penalmente en contra de la empresa y personas directamente implicadas en la ejecución de dichos trabajos. Las diez personas que hasta la fecha han sido requeridos para ser imputados en audiencia son exfuncionarios del órgano desconcentrado que en su momento se creo para supervisar la ejecución del referido proyecto.

La semana pasada la empresa Grupo Carso de Calos Slim dio a conocer oficialmente en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que a través de CICSA  había firmado un convenio de colaboración y acuerdo reparatorio con el Gobierno capitalino y el STC Metro en relación con el accidente ocurrido.

Dicho acuerdo contempla que la empresa se hará responsable de cubrir todos los gastos de reparación y fortalecimiento del tramo elevado de la Línea 12 siguiendo las disposiciones del comité técnico que el gobierno capitalino estipuló para ello. No obstante Carso recalcó que no comparte la conclusión de la indagatoria de la Fiscalía que les atribuye la responsabilidad, ni reconocen culpa alguna en los hechos.

“CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo de la Línea 12 (…) No obstante lo anterior y a pesar de las diferencias sustanciales y con el objeto de no prolongar mas la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico de la Línea 12 ha coincidido en resolver anticipadamente los procedimientos legales asociados a este lamentable evento…”, indicó la empresa.

La posibilidad de alcanzar este acuerdo ya había sido adelantada por la propia fiscalía capitalina cuando dio a conocer los resultados de la indagatoria.

El abogado Gabriel Regino, quien encabeza el despacho que lleva al defensa de cinco de los imputados, ha insistido en diversas entrevistas que tampoco comparten las conclusiones de las indagatorias y sostuvo que, de acuerdo con los propios dictámenes que ellos solicitaron a una empresa especializada, las causas se centran en la falta de un mantenimiento adecuado a dicho tramo, sobre todo después de los sismos ocurridos en 2017.

Incluso la semana pasada Regino presentó denuncias formales ante la Fiscalía capitalina por los delitos de homicidio y lesiones, derivados del referido accidente, en contra del exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, y los exdirectores del Metro Jorge Gaviño Ambriz, Jorge Jiménez Alcaraz, y Florencia Serranía Soto.

El día de hoy a las 10 de la mañana está programada la audiencia inicial en la que la Fiscalía capitalina imputará a diez exfuncionarios (entre ellos los cinco que ahora buscan una salida alterna) de los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. Regino ha confirmado que sus representados sí asistirán a la misma.

El objetivo de dicha audiencia es que el juez defina, a partir de los datos iniciales con los que cuenta y de los elementos que aporte la defensa, si es procedente o no vincular a proceso a los implicados, con la finalidad de que continúe la indagatoria bajo su supervisión con miras a un posible juicio.

Aunque dicha decisión no concluye si los funcionarios son culpables o no, sí podría implicar la aplicación de medidas cautelares en contra de los señalados, entre ellas una posible prisión preventiva si los fiscales así lo solicitan.

Cabe señalar que la defensa tiene derecho a solicitar que la audiencia de este lunes se difiera si consideran que no han tenido suficiente tiempo para revisar la carpeta de investigación. Otra opción es que pidan solo un plazo de hasta 144 horas para preparar sus argumentos y tratar de frenar la vinculación.

La negociación de buscar un mecanismo alterno al proceso, como el que han requerido Horcasitas y otros cuatro implicados, puede llevarse de forma paralela a este proceso. También existe la posibilidad de que los fiscales o los abogados anuncien al juez que se busca iniciar este mecanismo para que lo considere en la determinación que tome.

 

Fuente: Animal Político

 

 

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