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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer el despliegue de tres mil 700 soldados de fuerzas especiales equipados con unidades blindadas y armamento de alto poder, a los estados de Sonora, Baja California y Guanajuato, en donde la violencia ha estado imparable en los últimos días.
Sin embargo, a pesar del arribo de especialistas en estrategias militares contra la delincuencia organizada, dentro del “marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de cero impunidad”, los asesinatos continuaron en estas entidades.
Un día antes, el nueve de febrero, envió a Zacatecas, a 800 efectivos en respuesta al asesinato de tres personas, incluido el director municipal de desarrollo social, en Fresnillo, Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal.
Ese 9 de febrero, en la sede del 97 Batallón de infantería, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, afirmó que su estrategia de seguridad “va bien”, reforzada a través de dos operativos que implementaría con los efectivos militares:
El “Colonia segura” y operativo “Vigilante Nocturno” también a cargo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, el cual dijo, estará disponible todos los días para atender las 24 horas a la población.
Sin embargo, la estrategia militar para reforzar la seguridad fracasó a solo un día de su arribo se demostró su ineficiencia: fue asesinado otro integrante de la familia Monreal Ávila, Jorge Antonio Monreal Martínez, cuando se encontraba en su domicilio en la comunidad de Plateros, en Fresnillo, Zacatecas. Él, se desempeñaba como auxiliar en la Dirección de Desarrollo Social del ayuntamiento.
Luego de los sucesos en Zacatecas, el día 10 de febrero, en otro comunicado, la Sedena informó que a través de las Comandancias de la II Región Militar y 45/a. Zona Militar, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de cero impunidad del gobierno federal, 800 efectivos pertenecientes al Ejército Mexicano fueron desplegados para reforzar la seguridad en el estado de Sonora.
“Estos militares reforzaran el actual despliegue operativo que se mantiene en citada entidad federativa, con el propósito de inhibir actividades ilícitas de la delincuencia organizada. Para tal fin colaborarán estrechamente con las autoridades locales a fin de inhibir los índices delictivos mediante acciones conjuntas, coadyuvando en la preservación del orden y la paz pública, garantizando las condiciones para que la población realice sus actividades habituales con normalidad en un ambiente de paz y seguridad”, aseguró la milicia en su comunicado.
Aclaró que el personal castrense actúa en todo momento con firmeza, realizando tareas de disuasión, prevención, patrullajes, reconocimientos y estableciendo puestos militares de seguridad que generen un ambiente de tranquilidad en la población, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos de las personas.
Ese mismo día, dio a conocer que en el mismo marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de cero impunidad del gobierno federal, arribaron 2,000 integrantes del Ejército al municipio de Tijuana, Baja California, con el fin de reforzar el actual despliegue operativo que mantiene el personal militar en esta entidad federativa e inhibir las actividades de la delincuencia organizada.
“Coadyuvando en la preservación del orden y la paz pública, garantizando las condiciones para que la población realice sus actividades habituales con normalidad en un ambiente de paz y seguridad”, afirmó.
Y en un tercer comunicado emitido ese día, indicó que a través de las Comandancias de la XII Región Militar y la 16/a. Zona Militar, 900 elementos integrantes de la “Fuerza de Tarea Conjunta México”, arribaron a Guanajuato.
-Con información de PROCESO
