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Las cámaras de Diputados y de Senadores presentaron ante la Corte dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar, sin embargo, no lograron el consenso necesario para impugnar otras disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, como la facultad que tendrá el magistrado presidente de evaluar y cambiar jueces discrecionalmente.

Legisladores que participaron en el proceso confirmaron a Animal Político que fueron diputados y senadores del PRI los responsables de frenar la presentación de un recurso mucho más amplio en contra de una reforma judicial que consideran que centraliza demasiados poderes en la figura de Zaldívar.

La diputada por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, explicó en entrevista que los legisladores del PRI incluso amenazaron con retirar su apoyo a la acción si se buscaba impugnar algo más que el artículo transitorio que ampliaba dos años el mandato del presidente de la Corte.

“Necesitábamos reunir 167 votos de diputados para que la acción prosperara, pero de última hora el PRI amenazó con retirar las firmas de sus 14 diputados si se impugnaba algo más que el artículo 13 transitorio (el de la ampliación de mandato) y con eso ya no nos daban los números para presentarla. Y como ya vencía el plazo no hubo más margen para negociar”, dijo la legisladora.

Originalmente, y luego de una serie de foros y consultas con expertos, los legisladores de oposición e incluso varios diputados de Morena habían acordado que era necesario promover un recurso que no solo atacara el tema de la ampliación del mandato sino otras disposiciones que concentraban demasiadas facultades en la figura del titular del poder judicial.

Animal Político detalló que, entre los nuevos poderes que la reforma judicial da a Zaldívar y que serían en materia de impugnación, está la facultad discrecional de evaluar y cambiar a jueces de adscripción, así como la concentración de la revisión de casos en la presidencia del Consejo de la Judicatura, entre otros.

En concreto, se impugnarían por lo menos los artículos 28, 63 y 86 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial además del referido transitorio. Los expertos advertían que esto era necesario para no amenazar la autonomía de actuación de los jueces del Poder Judicial Federal.

La diputada de Morena Lorena Villavicencio, quien participó de cerca en el proceso, explicó que el PRI pidió la semana pasada que solo se presentará el recurso en contra del transitorio, pero dejando la puerta abierta para ampliar el recurso contra los otros artículos esta semana. Como sus votos eran indispensables así se hizo el pasado 3 de julio.

Sin embargo, ya concluyó el plazo para la presentación de la ampliación del recurso, situación que no se pudo materializar por la negativa de los diputados priistas.

“Al profundo agravio que causa el voto en abstención del PRI para lograr el desafuero de un diputado acusado de enriquecimiento ilícito, se suma el incumplimiento de este partido al no presentar la ampliación de la acción de inconstitucionalidad para incorporar algunas preocupaciones sobre las reformas legales derivadas de la Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación”, dijo en entrevista la diputada Villavicencio.

La legisladora de Morena lamentó que haya legisladores que solo actúen siguiendo instrucciones, que carezcan de un criterio propio para analizar y fijar una postura, y que se desempeñen meramente como “oficialía de partes” de otros poderes, en este caso del Poder Judicial.

“Está bien que manden sus propuestas e iniciativas a través de algún partido, pero ello no implica que no podamos modificar una coma. Ya basta de hacer trajes a la medida, no somos oficialía de partes. Qué pena que no se hubiere ampliado la acción de inconstitucionalidad, lo cual mejora la reforma al poder judicial”, agregó Villavicencio.

La diputada Tagle señaló que la actitud de los legisladores del PRI cercanos a su presidente Alejandro Moreno, pone en evidencia que actuarán negociando en beneficio de sus intereses particulares, y no del beneficio colectivo para el país.

“La posición del PRI con respecto a la acción de inconstitucionalidad y también del juicio de desafuero de Toledo, confirman que el PRI está negociando y les aseguro no es por el bien de México, solo por sus intereses, como siempre”, dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano.

Este medio buscó un posicionamiento del PRI a través del área de comunicación de la presidencia del partido, pero hasta la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.

¿Qué sigue?

Tocará ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dar trámite y resolución a las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por las cámaras de Diputados y Senadores, ambas centradas solo en el artículo 13 transitorio de la reforma judicial.

Una vez que se verifiquen que los requisitos se cumplieron en tiempo y forma, entre ellos que se reunieron que las firmas fueron suficientes y que son auténticas, el asunto será turnado a un ministro para que elabore un proyecto que estudiará si, en efecto dicho transitorio viola disposiciones constitucionales.

El proyecto será turnado luego a su análisis y votación en el Pleno. Cabe señalar que se requiere una votación mínima de 8 ministros para considerar que una disposición normativa es inconstitucional y, por lo tanto, poder anularla.

Paralelamente la Corte también analiza la consulta extraordinaria promovida por el propio Zaldívar para verificar si a través de este procedimiento es posible debatir y en su caso definir la inconstitucionalidad del referido transitorio. En este caso la elaboración del proyecto fue turnada a la ponencia del ministro decano Franco Salas.

 

Fuente: Animal Político.

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