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La Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca (USTR) pidió al gobierno mexicano revisar la denuncia de violación y negación de los derechos sindicales de los trabajadores de Servicios Industriales González, S.A. de C.V. en Nuevo León.

Katherine Tai, la representante especial de comercio del presidente Joe Biden, solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, invocar el Mecanismo de Respuesta Rápida definido en el T-MEC, para resolver el problema denunciado por los trabajadores violentados en sus derechos.

La queja sobre Servicios Industriales González, dedicada a la fabricación de componentes de acero, sostiene que a sus trabajadores les niega el derecho de asociación y de la negociación del contrato colectivo, lo cual es contrario a lo que se establece en el T-MEC.

“Esto refleja el inequívoco compromiso de Estados Unidos en garantizar que todos los trabajadores tengan el derecho de asociación en el sindicato de su gusto”, dijo Tai, que con este lleva 21 pedidos al gobierno de López Obrador de invocar al Mecanismo del Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC.

El pasado 29 de febrero, la USTR y la Subsecretaría del Trabajo de Estados Unidos, que coordina el Comité Interagencial para el Monitoreo y Aplicación de Derechos Laborales (ILC) dentro del T-MEC, recibió la denuncia de los trabajadores mexicanos.

La queja fue presentada por oficios del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo de Transporte General, la Construcción y sus Servicios a nombre de los trabajadores de Servicios Industriales González de la planta en Nuevo León.

Se denuncia que la empresa despidió a trabajadores en represalia por llevar a cabo actividades de organización, en clara interferencia con asuntos sindicales y optando por dar acceso preferencial a empleados que pertenecen al sindicato de la preferencia de los dueños.

La USTR, como lo establece el ILC, durante el plazo de 30 días que establece el T-MEC, revisó la denuncia y encontró sustento y validez a la queja, por lo que pide la intervención del gobierno mexicano.

“EL OLC determinó que en la queja hay suficiente y evidencia creíble de la negativa a los derechos laborales por lo que de buena fe pide al gobierno mexicano la invocación del MRR”, sostiene la USTR en el comunicado de prensa por el que dio a conocer la minucia del caso.

El gobierno de López Obrador tiene un plazo de 10 días a partir de esta fecha para responder a Estados Unidos si está de acuerdo en la invocación del MRR, y si lo está, otros 45 días para llevar a cabo y terminar con la investigación sobre el abuso a derechos sindicales.

 

 

-Con información de PROCESO

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