Como parte de su paquete de reformas a la Constitución, en materia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en darle una figura militar a la Guardia Nacional (GN), así como ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pese a ser reconocida como violatoria de derechos humanos.
En el caso de la Guardia Nacional, y según lo propuesto por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, con la modificación de al menos 37 artículos a la Constitución, se propone reconocer a la GN como una fuerza policial de carácter permanente, que cuenta con personal de origen y cuya disciplina, formación y adiestramiento son de igual calidad que la que tienen las fuerzas castrenses, por lo que se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Entre los cambios más significativos se plantea que la GN esté integrada en su totalidad por militares, quienes sólo podrán ser juzgados por tribunales militares. Asimismo, se les otorga la facultad de investigar delitos.
Es oportuno recordar que en septiembre de 2022, el Congreso ya había aprobado disposiciones similares, en específico, para que la Sedena tuviera el control operativo y administrativo de la GN, no obstante, esta ley fue revertida luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la declarara inconstitucional por violar carácter civil de la institución de seguridad.
Perpetuar la militarización
Sobre este tema, Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), advirtió que esta propuesta es más grave de lo que parece, ya que se trata de formalizar el carácter militar de la única corporación de Seguridad Pública que tiene el país a nivel federal.
Estaríamos hablando de un aumento de hasta el 40% en el estado de la fuerza actual de la Sedena eso es darle el control de muchísima gente a una institución militar, pues que está hecha para la guerra y no para la seguridad pública”, sostuvo.
En este sentido, añadió que al mismo tiempo se le daría un “empoderamiento gigantesco” a las Fuerzas Armadas, ya que además de un gran número de efectivos, la Sedena también tendría un presupuesto enorme, solo por debajo de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Bienestar.
Por su parte, Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, consideró que en términos generales y en caso de que sea aprobada, no implicaría muchos cambios a la operación que lleva actualmente la GN y su vínculo con la Sedena.
“Ya está vinculada a la Sedena, de hecho operativamente la Guardia Nacional tiene un comandante de la Secretaría de la Defensa Nacional, sus integrantes son soldados, y técnicamente hablando en la operación son miembros de la Sedena entonces ellos van a hacer, es lo mismo que han venido haciendo en estos cinco años”, consideró
No obstante, subrayó que pese a que ya tiene una “práctica” en la materia de seguridad, resulta difícil que con estos cambios constitucionales automáticamente mejore las condiciones de seguridad del país.
Prisión preventiva
En una segunda iniciativa en materia de seguridad, el mandatario mexicano propuso al Congreso ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para ingresar la extorsión, el narcomenudeo y compra-venta y producción de drogas sintéticas.
Hace más de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México debe eliminar la prisión preventiva por violar derechos humanos.
Sobre esto, Lisa Sánchez opinó que la reforma es una trampa, ya que “aunque no diga específicamente que castigará el consumo de drogas en el país, el hecho de incluir el narcomenudeo es una indirectamente de penalizar y a criminalizar el consumo.
Si lo que se quiere es lograr bajar los niveles de consumo y adicción y se quiere aumentar los niveles de adhesión a tratamientos y desintoxicaciones por parte de personas consumidoras”.
-Con información de El Economista
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